Wilfredo, un niño venezolano de 10 años, compareció solo ante un tribunal de inmigración hace dos semanas, obligado a defenderse frente a su posible deportación a Ecuador mientras su madre permanecía detenida en un centro de ICE. Como miles de niños y niñas en procedimientos de deportación, Wilfredo no cuenta con representación legal.
“Tenía miedo porque era la primera vez que iba a un tribunal”, declaró a Univisión.
La administración Trump provocó una nueva ola de caos para los niños y niñas en procesos migratorios en febrero de 2025 al ordenar a organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios legales que suspendieran su labor, previamente financiada mediante contratos federales. Esta medida supuso la paralización del Programa para Niños No Acompañados, que proporcionaba representación legal a más de 26.000 menores en procedimientos de inmigración en Estados Unidos.
En enero, tres expertos independientes de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por esta medida y afirmaron: “Negar a los niños y niñas su derecho a la representación legal y obligarlos a enfrentarse a complejos procedimientos migratorios sin asistencia jurídica constituye una grave violación de sus derechos”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) inició un procedimiento de deportación contra Wilfredo, originario de Venezuela, el 25 de marzo de 2026. Tanto él como su madre tenían una solicitud de asilo pendiente y tenían autorización para permanecer en Estados Unidos mientras se resolvía su caso.
Sin representación legal, los menores deben enfrentarse solos a procedimientos migratorios complejos y de alto riesgo, y tienen muchas más probabilidades de ser deportados. Las consecuencias pueden ser devastadoras. Este riesgo se agrava especialmente cuando el DHS intenta expulsar a menores a terceros países sin sus padres y donde no tienen familiares ni personas responsables de su cuidado.
Estados Unidos debería revocar la orden emitida en febrero de 2025 para garantizar el debido proceso de niños y niñas migrantes no acompañados en procedimientos de deportación.
